La formalización de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) marca un hito de ruptura sin precedentes en la historia diplomática y sanitaria del país. Tras cumplirse el año de preaviso exigido por los tratados internacionales, el país se retira del principal foro sanitario global, una decisión que no solo desvincula al país de un organismo técnico, sino que nos sitúa en una posición de excepcionalidad mundial, solo compartida por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
El argumento central del gobierno es la recuperación de la soberanía nacional. Desde la Casa Rosada y la Cancillería, se ha calificado a la OMS como un ente “ideologizado” y una “burocracia ineficiente” que, durante la pandemia de Covid-19, se transformó en el brazo ejecutor de un control social global. Para el oficialismo, la pertenencia al organismo implicaba una sumisión a mandatos supranacionales que chocaban con las libertades individuales y los intereses económicos del país, justificando así un ahorro de millones de dólares en cuotas que consideran un gasto estéril. Desde la vereda opuesta, voces opositoras y gran parte de la comunidad científica han reaccionado con una mezcla de alarma y estupefacción. Advierten que la salida es un “aislamiento voluntario” que pone en riesgo el acceso a protocolos de vanguardia, financiamiento internacional y, fundamentalmente, la participación en el sistema de vigilancia epidemiológica global. La oposición sostiene que la soberanía no se defiende abandonando los foros de decisión, sino participando en ellos para influir en las reformas necesarias.
Al abandonar la OMS, Argentina queda fuera del mecanismo de coordinación ante futuras pandemias, un riesgo latente en un mundo cada vez más interconectado. Aunque el Gobierno asegura que mantendrá su presencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para no perder el acceso a los fondos rotatorios de vacunas, la viabilidad legal y política de pertenecer a una oficina regional sin ser parte de la organización matriz es un terreno jurídico pantanoso. Históricamente, los beneficios de pertenecer a la OMS han sido tangibles: desde la certificación de la eliminación de enfermedades como el paludismo hasta el acceso a bancos de datos genómicos y asistencia técnica en emergencias. Argentina ha sido beneficiaria de créditos y programas de capacitación que ahora quedan en el aire. La gran pregunta es si un país con los desafíos sanitarios de Argentina puede permitirse el lujo de prescindir de la mayor red de inteligencia sanitaria del planeta por una cuestión ideológica. La nueva estrategia sanitaria internacional, según el canciller Pablo Quirno, se basará en el bilateralismo. El plan es establecer acuerdos directos con agencias como la FDA de Estados Unidos y otros organismos de naciones aliadas, bajo un esquema de “cooperación entre iguales”. El Gobierno apuesta a que la agilidad de negociar estado a estado compensará la pérdida de la red multilateral, confiando en que la autonomía para aprobar medicamentos y gestionar crisis compensará la falta de respaldo de la ONU. Sin embargo, el escenario que se proyecta es el de un país que deberá navegar tormentas sanitarias con sus propios instrumentos, a menudo limitados. En caso de una nueva emergencia global, Argentina no tendrá asiento en la mesa donde se definen las prioridades de distribución de insumos o el desarrollo de tratamientos. El gobierno sostiene que esto evitará “imposiciones”. En definitiva, Argentina inicia hoy un experimento de riesgo calculado. El tiempo dirá si esta apuesta por la soberanía absoluta brinda una libertad genuina o si, ante el próximo brote viral, descubriremos qué consecuencias tuvo la decisión oficial.